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Estas 93 piezas arqueológicas se vendían ilegalmente en un tianguis de la Doctores
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Agentes de la Guardia Nacional llegaron a un popular tianguis de la CDMX tras una denuncia ciudadano que detectó a venta clandestina de bienes que forman parte del patrimonio de México.
Las 93 piezas arqueológicas se encontraban en el tianguis “Jardín Dr. Ignacio Chávez” en la colonia Doctores; siguiendo la denuncia (y de acuerdo con el Artículo 49 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos) en donde los agentes detuvieron a dos hombres además de hacer el decomiso de dos lotes de piezas arqueológicas.
En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno mexicano ha recuperado del extranjero más de 8.970 piezas que considera patrimonio nacional, pues el presidente ha priorizado esta acción desde que asumió en diciembre de 2018.
A pesar de que este fue un decomiso exitoso, el Gobierno no ha podido erradicar del todo las subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.
Lo que es un logro, es que en los últimos años se han intensificado demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.
Al respecto de los decomisos en el tianguis de la Doctores, Los arqueólogos del INAH Omar Gracia Silis y Pablo Daniel López Sánchez, emitieron un dictamen del primer conjunto de 71 piezas arqueológicas, mientras que, así como de un segundo bloque segundo de 22 los bienes culturales.
Por su parte, la Secretaría de Cultura de México, recordó que para atender la venta y tráfico ilícito de bienes culturales de la nación, se conformó un grupo de trabajo compuesto por la Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de la Defensa Nacional, de Cultura, a través del INAH; así como la SSPC, FGR, GN y Aduanas.
Por tratarse de un delito federal, los vendedores de piezas arqueológicas fueron puestos a disposición del Juez de Distrito y juez de control con sede en el Reclusorio oriente, donde se decidirá si existen pruebas suficientes para vincular a los imputados a un proceso legal penal.
