Fotos destacadas: Karolina Grawoska
La demanda de México a la industria de armas de EU, ha sido calificada de histórica.
Desde 2021, las autoridades mexicanas presentaron una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de sus productos a México;. Asimismo, la demanda civil incluía por daños y perjuicios contra fabricantes de armas estadounidenses que, mediante su descuido y negligencia, facilitan activamente el tráfico de sus productos hacia territorio mexicano.
Se trató de una decisión sin precedentes a favor del Gobierno de México, en donde un panel de tres jueces dictaminó por unanimidad que México había demostrado exitosamente que los fabricantes y distribuidores de armas no disfrutan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, que facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México.
Según la información de Lemonde, desde la Ciudad de México, se ha estimado que casi medio millón de armas procedentes de Estados Unidos ingresan ilegalmente al país cada año. 6 de cada 10 asesinatos se cometen con armas de fuego, casi todas provenientes del vecino del norte del país.
No obstante, en septiembre de 2022, el juez del tribunal de primera instancia desestimó la demanda con el argumento de que una ley federal denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) protegía y otorgaba inmunidad a las empresas demandadas incluso cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurriera en Territorio mexicano; a lo que México presentó entonces un recurso de apelación.
Esta demanda de México, es la primera presentada por un Estado extranjero contra la industria armamentística en tribunales estadounidenses. Una vez que el caso regrese al tribunal, México presentará pruebas para demostrar la negligencia de los acusados y solicitar la reparación de los daños y perjuicios, la cual será determinada por el juez.
Asimismo, Lemonde afirmó que hay un creciente interés en esta batalla legal, por una mayoría de estadounidenses. Ya que en el fondo, esta demanda, que ha sido calificada de “histórica”, quiere que se imponga una regulación a esta industria, que ha estado implicada tanto en masacres civiles como en la crisis del fentanilo en el país vecino.
No obstante, parece una batalla difícil; de hecho, en la ciudad de Gary, Indiana, una de las docenas de ciudades estadounidenses que demandaron a los principales fabricantes y vendedores de armas como reacción a los índices descontrolados de homicidios y crímenes violentos desde hace más de 20 años; logró una orden judicial, para que los fabricantes de armas que entregaran registros de producción y ventas de varios años.
Sin embargo, el gobernador de dicho estado, Eric Holcomb, firmó una nueva ley, que de manera retroactiva, prohíbe que las ciudades presenten tales demandas, dando fin al caso. De este modo, los republicanos señalaron que la industria de las armas de fuego no es responsable de las ventas ilegales, en una ciudad con la mayor diversidad racial que el resto de Indiana, y cuya población se calcula en 67 mil 970 habitantes afrodescendientes, en contraste con 10 por ciento de la población de todo el estado, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
De hecho, la legislatura de Indiana, dominada por los republicanos, aprobó la nueva ley este 2024, estipulando que únicamente el secretario de Justicia del estado puede presentar una demanda civil contra un fabricante de armas de fuego o municiones, y la hizo retroactiva hasta el 27 de agosto de 1999, tres días antes que Gary presentara su demanda.
