De las acusaciones a la aclaración: Gabinete de Seguridad Nacional confirma que Julia Abdala Bartlett no enfrenta investigación o sanciones.
El pasado 30 de agosto de 2025, el Gabinete de Seguridad Nacional de México desmintió categóricamente que Julia Abdalá, Manuel Bartlett y su hijo tuvieran cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La aclaración oficial estableció como infundadas las versiones difundidas por Mexicanos Contra la Corrupción, las cuales atribuían un supuesto congelamiento financiero a presuntas investigaciones ligadas al asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Con esta precisión, el Gobierno federal echó por tierra especulaciones que carecían de pruebas y que pretendían vincular a la familia Bartlett con hechos ajenos a la realidad.
La empresaria, Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, rechazó haber vendido un edificio a prestanombres de García Luna y asegura que se trató de una cesión de acciones. El Gobierno federal confirma que no tiene cuentas bloqueadas ni aparece en la lista de sancionados de la UIF.
La investigación de MCCI
El reportaje difundido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sostiene que Julia Abdala y su empresa offshore Roybell International Inc. recibieron transferencias por 4,5 millones de dólares entre 2012 y 2017, presuntamente a cambio de un edificio ubicado en Leibnitz 40, en la colonia Anzures, Ciudad de México. Según la organización, el valor del inmueble en 2020 rondaba los 29 millones de pesos, la mitad de lo que habrían recibido.
El texto también apunta que no existen registros en el Registro Público de la Propiedad ni en el Registro Público de Comercio que acrediten la supuesta venta o cesión a la familia Weinberg, señalada como prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La réplica ante MCCI
Julia Abdala respondió mediante un cuestionario enviado por los propios investigadores. En su réplica afirmó que no se trató de una compraventa del edificio, sino de la cesión onerosa de su parte social en la empresa propietaria, B White S Suite S de RL de CV. Este tipo de operaciones, argumentó, no requieren inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
“La operación comercial se realizó el 1 de mayo de 2012 mediante escritura 5 mil 926, en la fecha en la cual Manuel Bartlett no era Senador de la República, por lo tanto no era persona políticamente expuesta. Es totalmente lícito y todos los siguientes pagos que suman (el total), pues fueron, como se acordaron, los pagos de esa propiedad, de ese hotel boutique”, indicó a Ciro Gómez Leyva.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje en el que señaló que entre julio de 2012 y mayo de 2017, Julia Abdalá recibió transferencias de la familia Weinberg tanto a su cuenta personal como a la entidad denominada Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella.
Julia Abdala, quien reconoció que tiene una amistad de 42 años con Silvia Pinto, esposa de Mauricio Weinberg López, indicó que el acuerdo previó el diferimiento de los pagos por lo que estos se extendieron a lo largo de cinco años.
“Todas las transferencias bancarias que he recibido son de origen lícito, simplemente se trata de actividades comerciales ajenas a cualquier asunto público. Todo está limpio y específico. Las dos cuentas del extranjero que ponen en el reportaje están cerradas.” aseveró Julia Abdalá.
El aval del Gabinete de Seguridad
La polémica adquirió un nuevo matiz el 30 de agosto, cuando el Gabinete de Seguridad negó que Julia Abdala, Bartlett y su hijo tuvieran cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La aclaración oficial respondió a versiones periodísticas que sugerían un congelamiento financiero por presuntas investigaciones relacionadas con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
“Ni Julia Abdalá ni León Manuel Bartlett Álvarez se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas”, aseguró el Gobierno, con lo que descartó que exista una indagatoria en curso sobre ambos en el ámbito financiero.
Transparencia
La réplica de Julia Abdala se apoya ahora en dos frentes: la explicación jurídica de la cesión de acciones y la confirmación del Gobierno de que no enfrenta sanciones financieras. No hay cuentas bloqueadas ni se ha cometido ningún acto ilícito. Las operaciones que se mencionan se hicieron bajo el marco legal correspondiente. “Estoy tranquila, porque la verdad siempre sale a la luz”, declaró Julia Abdalá en su respuesta a los señalamientos.
Mientras tanto, el caso refleja la tensión permanente entre investigaciones periodísticas e intereses políticos en un país donde la rendición de cuentas es cada vez más exigida por la sociedad civil.
