En México, la palabra vivienda ha dejado de ser un deseo distante para convertirse en un proyecto nacional con rumbo fijo. En los últimos meses, la política de vivienda social ha cobrado un nuevo impulso: el programa que busca garantizar techo propio para millones de familias ha superado sus expectativas iniciales y marcado una ambiciosa ruta hacia el futuro.
Originalmente concebido con la meta de construir un millón de viviendas nuevas, el Programa Vivienda para el Bienestar ha ampliado su objetivo a 1.8 millones de casas a lo largo del sexenio, un paso que transforma la agenda habitacional del país. Esta decisión representa no solo cifras y números, sino también la posibilidad real de mejorar el bienestar de millones de mexicanos que, hasta ahora, enfrentaban barreras para acceder a una casa propia.
Este ambicioso plan se estructura en tres pilares clave: la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). De los 1.8 millones de unidades proyectadas, se contempla construir aproximadamente 1.2 millones a través del Infonavit, 500 mil mediante Conavi y 100 mil con apoyo de FOVISSSTE.
El avance del programa es tangible. En 2025 se formalizó la suscripción de casi 394 mil viviendas, superando la meta anual prevista y beneficiando a más de 1.4 millones de personas en decenas de proyectos distribuidos por todo el país. Esa labor se ha complementado con la entrega de más de 420 mil subsidios o apoyos financieros para mejoramiento de vivienda, especialmente en zonas de alta demanda habitacional como el oriente del Estado de México.
También se han intensificado esfuerzos para dar certeza jurídica a quienes participan en el programa: se han entregado cientos de miles de escrituras y liquidaciones de créditos, garantizando que la propiedad sea un derecho sólido y accesible.
Más allá de la cantidad de casas, el enfoque de este plan busca transformar la relación entre las familias y su entorno. Se reduce la dependencia de intermediarios, se simplifican trámites y se promueve una asignación transparente de viviendas mediante registros directos, asambleas comunitarias y sorteos públicos.
El impacto potencial es enorme: se estima que, al sumar construcción de viviendas, regularización de predios, apoyos de mejoramiento y reestructuración de créditos para quienes tenían deudas impagables, el programa podría beneficiar a cerca de 8 millones de familias durante el sexenio. Este enfoque apunta a devolver a millones la posibilidad de tener un hogar digno sin quedar atrapados en cargas financieras inasumibles.
Para 2026, la ruta está clara: consolidar avances, construir cientos de miles de viviendas más y mantener una estrategia que ponga en el centro a las familias con ingresos bajos o medios, cuyos sueños de un patrimonio propio habían sido postergados durante décadas. El desafío es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad de cambiar la historia habitacional de México.
