Después de 30 años, México busca cambiar el destino de su cine.
Durante décadas, el cine mexicano ha sobrevivido entre contrastes: talento reconocido internacionalmente y un mercado interno dominado por grandes distribuidoras extranjeras. Desde la promulgación de la legislación vigente en 1992, la industria audiovisual global cambió radicalmente con la llegada del streaming, la digitalización y nuevas formas de financiamiento. Ese desfase histórico es precisamente el punto de partida de la reforma presentada en febrero de 2026, un proyecto que pretende actualizar el marco legal y devolverle al cine nacional un lugar central en su propio territorio.
La iniciativa federal plantea sustituir la ley actual por una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, diseñada para responder a los retos contemporáneos de producción, distribución y exhibición. Entre sus metas principales está asegurar que las películas mexicanas tengan presencia real en pantallas y plataformas, así como fortalecer toda la cadena creativa, desde la formación hasta la preservación del patrimonio audiovisual.
Una cuota de pantalla para el cine mexicano
Uno de los ejes más comentados es la propuesta de garantizar al menos 10 % de espacio para producciones mexicanas en salas de cine y servicios digitales. La medida incluiría revisiones periódicas de carteleras para verificar que exista presencia efectiva y horarios adecuados, además de secciones especiales dentro de plataformas de streaming para destacar contenidos nacionales.
Este tipo de políticas —aplicadas desde hace años en países con industrias sólidas como Francia o Corea del Sur— busca equilibrar la competencia frente a producciones internacionales con grandes presupuestos de marketing. No se trata solo de proyectar películas mexicanas, sino de asegurar que el público pueda encontrarlas.
Incentivos fiscales y financiamiento estructural
El proyecto también incorpora estímulos económicos. Entre ellos destaca un crédito fiscal de hasta 30 % del ISR sobre gastos realizados en México para producciones audiovisuales, con un tope cercano a 40 millones de pesos por proyecto.
Para acceder, al menos 70 % de los insumos —talento, servicios y gasto— deberán ser de origen nacional, lo que busca garantizar que el impacto económico beneficie directamente a la industria local.
Además, el plan contempla inversión pública significativa para formación, infraestructura y desarrollo creativo, así como la continuidad de programas de apoyo que financian producción, exhibición y preservación cinematográfica.
Protección al talento en la era digital
La reforma no solo mira al pasado ni al presente, sino también al futuro tecnológico. Otro componente central es la modificación de leyes laborales y de derechos de autor para proteger a actores de doblaje frente al uso de inteligencia artificial, reconociendo la voz como una expresión artística que requiere consentimiento y compensación.
Este punto responde a preocupaciones crecientes dentro del sector creativo, donde la clonación de voces y la automatización amenazan con sustituir trabajo humano sin regulación clara.
Un proyecto con respaldo simbólico y político
El anuncio se realizó con la participación de figuras destacadas del cine, incluida una reconocida actriz mexicana de trayectoria internacional, lo que subraya la intención del gobierno de presentar la reforma como un esfuerzo conjunto entre Estado e industria.
Más allá del gesto simbólico, el mensaje político es claro: el cine es considerado una herramienta cultural estratégica, capaz de proyectar identidad, generar empleo y fortalecer la economía creativa nacional.
Reacciones y debates
Como toda política pública de gran alcance, la iniciativa ha despertado opiniones diversas. Algunos productores celebran que por fin se establezcan condiciones estructurales para competir en el mercado global; otros advierten que medidas como la permanencia mínima en cartelera podrían generar tensiones con exhibidores y modelos de negocio tradicionales.
Ese debate es, en sí mismo, señal de que el sector está atento: el cine mexicano, históricamente resiliente, sabe que las decisiones legales pueden marcar generaciones enteras de creación audiovisual.
Un cambio de narrativa
La propuesta no solo busca aumentar el número de películas producidas, sino transformar la forma en que se concibe la industria: como un ecosistema cultural completo que incluye formación, financiamiento, exhibición, archivo y circulación internacional.
Si se aprueba en los términos planteados, México estaría dando uno de los pasos más ambiciosos en política cultural audiovisual desde finales del siglo XX. Y como toda gran historia cinematográfica, el desenlace dependerá de su ejecución.
