México analiza modificar el impuesto al alcohol. Te contamos por qué se propone aumentar el IEPS, cómo cambiaría y qué efectos podría tener.
Una botella, una cerveza fría o un caballito de tequila forman parte de escenas cotidianas en México, desde una comida familiar hasta una noche entre amigos. Pero detrás de ese consumo habitual existe una discusión que podría llegar a los bolsillos: la posibilidad de aumentar y modificar el impuesto que se cobra a las bebidas alcohólicas.
La propuesta ha cobrado fuerza mientras se discute el Paquete Económico 2027. Diversos especialistas, académicos y organizaciones civiles han pedido al Congreso de la Unión revisar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS, bajo el argumento de que el esquema vigente se ha quedado rezagado frente a la inflación y no refleja adecuadamente la cantidad de alcohol que contienen las bebidas.
El punto de partida es importante: México ya cobra un impuesto al alcohol especial. No se trata, por lo tanto, de crear desde cero un nuevo gravamen, sino de modificar la manera en que se calcula y actualizar las tasas existentes. Estas no han cambiado desde 2014, mientras que durante ese periodo los precios de numerosos productos y servicios han aumentado considerablemente.
La discusión tiene dos grandes vertientes. Por un lado está la salud pública, pues quienes impulsan la propuesta consideran que encarecer las bebidas alcohólicas puede contribuir a reducir su consumo, particularmente entre jóvenes. Por otro está la recaudación, ya que se calcula que una modificación del impuesto podría aportar miles de millones de pesos adicionales a las arcas públicas.
¿Cómo funciona actualmente el impuesto al alcohol?
El IEPS aplicado a las bebidas alcohólicas actualmente utiliza un esquema basado principalmente en el precio de venta y la graduación alcohólica. Las tasas contempladas son de 26.5, 30 y 53 por ciento, dependiendo del tipo y contenido de alcohol de la bebida.
El problema señalado por los especialistas es que este mecanismo no necesariamente hace que una bebida con mayor cantidad de alcohol pague proporcionalmente más impuesto. Una botella económica con una alta graduación puede mantenerse relativamente accesible frente a productos de mayor precio, aunque ambos contengan cantidades importantes de alcohol.
Por eso, una de las principales propuestas consiste en pasar hacia un modelo que tome como referencia la cantidad de alcohol puro contenida en cada bebida.
¿Qué cambiaría con la propuesta?
La alternativa planteada utiliza un esquema conocido como ad quantum, en el que el impuesto se determina a partir de una cantidad específica de alcohol y no únicamente del precio del producto.
La propuesta mencionada contempla un cobro aproximado de 0.49 pesos por cada mililitro de alcohol puro, equivalente a alrededor de 493 pesos por litro de alcohol puro. Bajo este mecanismo, una bebida de bajo precio pero con una alta concentración alcohólica tendría una carga fiscal mayor.
La lógica es relativamente sencilla: a mayor cantidad de alcohol, mayor impuesto. De esta manera, el precio dejaría de ser el principal elemento para determinar cuánto se paga y el contenido alcohólico tendría un peso mucho más importante.
Esto podría modificar de manera distinta los precios de cervezas, vinos, destilados y otras bebidas, dependiendo de su graduación y presentación. El impacto concreto para los consumidores dependería finalmente de las tasas que aprobara el Congreso y de la manera en que las empresas trasladaran el impuesto al precio final.
La razón de salud pública
Detrás de la propuesta existe también una preocupación por los efectos que tiene el consumo excesivo de alcohol en México.
Los datos presentados por organizaciones que impulsan la modificación del impuesto estiman que alrededor de 112 personas mueren diariamente en el país por enfermedades, accidentes y hechos de violencia asociados con el consumo de alcohol. Esto representa más de 41 mil muertes al año.
El argumento de los especialistas es que el precio puede funcionar como una herramienta de política pública. Si determinados productos se vuelven más caros, especialmente aquellos con grandes cantidades de alcohol, podría disminuir su consumo y retrasarse el inicio entre adolescentes y jóvenes.
La intención no sería impedir que los adultos consuman bebidas alcohólicas, sino reducir el consumo excesivo y temprano, dos de los comportamientos que más preocupan desde la perspectiva sanitaria.
También está el costo para el Estado
Hay otra cifra que ayuda a entender por qué el debate no se limita al precio de una cerveza o una botella.
Las organizaciones que han promovido el cambio estiman que las consecuencias económicas relacionadas con el alcohol representan cientos de miles de millones de pesos al año, al considerar gastos médicos, atención hospitalaria, accidentes, pérdida de productividad y otros costos sociales. Algunas estimaciones sitúan este impacto en alrededor de 552 mil millones de pesos, equivalente a aproximadamente 2.1 por ciento del PIB.
Frente a ello, quienes respaldan la modificación consideran que el impuesto actual no alcanza a compensar los costos que el consumo de alcohol genera para las finanzas públicas.
La discusión, entonces, deja de ser únicamente cuánto cuesta una botella y se convierte en una pregunta más amplia: cuánto paga la sociedad por las consecuencias asociadas con su consumo.
¿Cuánto dinero podría recaudar México?
Uno de los argumentos económicos más importantes de la propuesta es precisamente su capacidad de generar mayores ingresos fiscales.
Las estimaciones difundidas durante el debate varían. Algunas calculan que la modificación podría representar alrededor de 24 mil millones de pesos adicionales para el Gobierno federal, mientras que otras estimaciones presentadas por organizaciones han colocado la cifra por encima de los 28 mil millones de pesos.
La diferencia depende del modelo utilizado y de los supuestos sobre consumo, precios y comportamiento del mercado.
Estos recursos podrían incorporarse al presupuesto federal, aunque el destino específico del dinero dependería de las decisiones presupuestarias correspondientes. Por ello, aumentar el IEPS no significa automáticamente que una cantidad determinada vaya directamente a hospitales o programas de prevención.
¿El alcohol realmente se ha vuelto más barato?
Aquí aparece uno de los argumentos centrales de quienes piden la actualización.
Como las tasas del IEPS no han cambiado desde 2014, el impuesto ha perdido peso en términos reales frente a la inflación. Al mismo tiempo, los precios de algunas bebidas alcohólicas han aumentado menos que otros productos de consumo cotidiano.
Organizaciones que promueven el cambio han señalado, por ejemplo, que en 2026 una caguama puede encontrarse alrededor de 35 pesos, mientras que algunas presentaciones pequeñas de destilados rondan los 29 pesos. Estas comparaciones forman parte de su argumento para señalar que el alcohol continúa siendo relativamente accesible en México.
La propuesta busca precisamente modificar esa relación y hacer que la cantidad de alcohol contenida en un producto tenga mayor peso fiscal.
¿Significaría que todas las bebidas subirían igual?
No necesariamente.
Uno de los elementos más importantes del nuevo esquema sería que el impacto dependería de la cantidad de alcohol puro. Una bebida de baja graduación y otra con una concentración considerablemente mayor no recibirían necesariamente el mismo tratamiento.
Por eso, el cambio podría sentirse de manera diferente entre categorías y presentaciones. Los destilados y las bebidas con mayor graduación alcohólica serían especialmente relevantes dentro del nuevo modelo, mientras que el impacto sobre otras bebidas dependería de sus características y del diseño final del impuesto.
Además, existe otro factor: las empresas pueden decidir absorber una parte del incremento, trasladarlo completamente al consumidor o combinar ambas estrategias.
¿Cuándo podría cambiar?
El debate se encuentra relacionado con la discusión del Paquete Económico 2027, por lo que cualquier modificación tendría que pasar por el proceso legislativo correspondiente.
Hasta ahora, la propuesta forma parte de una discusión en torno a la actualización del IEPS y su estructura, no de un aumento que ya esté vigente para los consumidores.
Por eso, si la iniciativa avanza, todavía será necesario conocer las tasas definitivas, las reglas de aplicación y las disposiciones que eventualmente sean aprobadas.
Una discusión que va más allá de una botella
El debate sobre el impuesto al alcohol toca una parte curiosa de la vida cotidiana: un producto perfectamente legal puede tener consecuencias que van mucho más allá de quien lo consume.
Para quienes impulsan la propuesta, aumentar el impuesto permitiría actualizar un esquema que consideran rezagado, reducir ciertos patrones de consumo y generar recursos adicionales. La discusión también plantea preguntas sobre quién debe asumir los costos económicos y sociales relacionados con el alcohol.
Para consumidores y productores, en cambio, cualquier aumento representa una posible modificación de precios y del comportamiento del mercado.
Lo cierto es que México se encuentra ante una discusión que combina fiscalidad, salud pública, consumo y economía familiar. El punto central ya no es únicamente cuánto cuesta una bebida, sino cómo debería establecerse el precio de un producto cuyo impacto puede extenderse mucho más allá de la mesa donde se consume.
