Adiós a las llamadas comerciales sin consentimiento: Senado aprueba multas de hasta 2.3 mdp

Hay llamadas que llegan cuando uno menos las espera: una tarjeta de crédito que nadie pidió, un seguro, un préstamo o una promoción que insiste en regresar incluso después de haber dicho que no. Ese acoso telefónico comercial podría tener los días contados en México.

El Senado de la República aprobó el 7 de octubre de 2026, con 96 votos a favor y ninguno en contra, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca endurecer las sanciones contra empresas que realicen llamadas y otras comunicaciones comerciales de manera reiterada, persistente y sin autorización.

La propuesta modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación y contempla multas de 56,570 pesos hasta 2,345,728.71 pesos para quienes incurran en estas prácticas. Sin embargo, la reforma todavía no entra en vigor: el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

Una llamada después de decir que no

La idea central es sencilla: las empresas deberán respetar la decisión de las personas que no desean recibir publicidad. La reforma busca impedir que un consumidor tenga que rechazar una y otra vez la misma oferta telefónica para conseguir que su negativa sea respetada.

Las nuevas disposiciones alcanzan las llamadas telefónicas y otros medios de contacto utilizados con fines mercadotécnicos o publicitarios, cuando se realicen de manera reiterada y persistente sin autorización.

El cambio también toca un punto particularmente importante en la era de los call centers. Contratar a una empresa externa para realizar las llamadas no eliminaría la responsabilidad del proveedor que utiliza ese servicio. En otras palabras, tercerizar las llamadas no sería una manera de evadir las obligaciones establecidas por la ley.

De 760 pesos a más de 2.3 millones

Uno de los aspectos que más llama la atención es el salto en las sanciones. El régimen que se busca modificar contempla actualmente multas considerablemente menores para este tipo de conductas, mientras que la reforma establece un rango específico de 56,570 pesos a 2,345,728.71 pesos.

La intención es que la sanción deje de ser un costo menor para las compañías y se convierta en un verdadero incentivo para respetar la privacidad y las decisiones de los consumidores.

La reforma también contempla un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que las personas podrían inscribirse gratuitamente para manifestar que no desean recibir publicidad por estas vías.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse?

Por ahora, todavía no hay que esperar un cambio inmediato en el teléfono. El Senado ya aprobó la reforma, pero la Cámara de Diputados debe analizarla y votarla antes de que pueda continuar el proceso para convertirse en una modificación vigente.

De aprobarse y concluir las etapas correspondientes, México tendría un marco de sanciones mucho más severo frente a una práctica que se ha vuelto cotidiana: recibir llamadas comerciales que nadie autorizó y que continúan incluso después de pedir que se detengan.

La discusión también pone sobre la mesa una pregunta cada vez más importante en la vida digital: quién tiene nuestros datos, cómo los obtuvo y hasta dónde puede utilizarlos para intentar vendernos algo. Esta vez, el teléfono podría dejar de ser un territorio sin reglas para las empresas que llaman insistentemente.