México refuerza las escuelas saludables: la Suprema Corte avala el veto a la comida chatarra.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone fin a una de las principales disputas legales alrededor de los alimentos que pueden venderse dentro de las escuelas mexicanas. El Pleno resolvió por unanimidad tres amparos promovidos por empresas que buscaban impugnar las restricciones federales, entre ellas las relacionadas con la venta de productos con sellos de advertencia nutrimental.
Los asuntos resueltos fueron los amparos en revisión 127/2026, 183/2026 y 91/2026. Al negar la protección de la justicia federal a las empresas promoventes, el máximo tribunal respaldó los lineamientos emitidos por las secretarías de Educación Pública y de Salud para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles.
La medida abarca todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desde educación inicial y básica hasta bachilleratos y universidades, tanto en instituciones públicas como privadas. No se trata de una prohibición general de comercializar estos productos en México, sino de una restricción específica dentro de los espacios escolares.
¿Qué alimentos quedan restringidos?
Los lineamientos buscan retirar de los planteles los productos que no cumplen con los criterios nutrimentales establecidos. Entre ellos se encuentran determinadas frituras, botanas empaquetadas, golosinas y bebidas azucaradas, especialmente aquellas que presentan sellos de advertencia por exceso de calorías, azúcares, sodio o grasas.
La regulación también contempla criterios para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas, por lo que no se limita a retirar productos de las máquinas expendedoras o de las cooperativas escolares. El objetivo es que la oferta alimentaria dentro de las instituciones favorezca opciones más nutritivas.
En consecuencia, los planteles deben ajustar los productos que venden y las prácticas de sus establecimientos de alimentos a los lineamientos vigentes. La restricción no significa que cualquier alimento procesado esté automáticamente prohibido: su aplicación depende de los criterios nutrimentales y las disposiciones específicas de la normativa.
Una medida que comenzó en 2025
El antecedente de esta resolución se encuentra en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, que estableció lineamientos para promover una alimentación saludable en las escuelas. Las disposiciones entraron en vigor el 29 de marzo de 2025, fecha a partir de la cual comenzó su aplicación en los planteles educativos.
Desde entonces, empresas y otros particulares presentaron recursos legales para cuestionar diferentes aspectos de la regulación. La discusión llegó a la Suprema Corte, donde se examinó si las restricciones vulneraban derechos como la libertad de comercio o la capacidad de los estudiantes adultos para decidir qué consumir.
El fallo del 13 de octubre de 2026 confirmó que el Estado puede regular los alimentos disponibles dentro de las instituciones educativas para proteger la salud de quienes estudian en ellas. La resolución también respalda la aplicación de estos criterios en la educación superior, aunque durante la discusión surgieron diferencias sobre la autonomía de las universidades y las posibles sanciones a sus autoridades.
El desafío de construir hábitos alimenticios saludables
La relevancia de la medida está relacionada con un problema de salud pública que afecta a México. Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que aproximadamente tres cuartas partes de la población adulta presentan sobrepeso u obesidad, frente a cerca del 40 por ciento de los jóvenes y el 36 por ciento de los niños, cifras expuestas durante la discusión judicial.
Para la Corte, los centros educativos son espacios donde el Estado puede intervenir para favorecer hábitos alimenticios saludables y reducir la exposición cotidiana a productos de bajo valor nutricional.
Sin embargo, el alcance de la política no depende únicamente de retirar determinados productos de las cooperativas escolares. También implica facilitar el acceso al agua potable, ofrecer alimentos nutritivos y promover una educación alimentaria que ayude a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a tomar decisiones informadas.
Con el respaldo judicial, la venta de comida chatarra queda restringida en todos los niveles educativos del país. El siguiente reto será mantener la aplicación de los lineamientos y lograr que la alimentación saludable forme parte de la vida cotidiana dentro de las escuelas mexicanas.
