Conoce cómo funcionaría el tope a las rentas en CDMX, qué multas propone la nueva ley y cuáles serían los derechos de inquilinos y propietarios.
La Ciudad de México busca poner nuevas reglas al mercado de alquiler. El 14 de octubre de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para crear la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que plantea limitar los aumentos de renta, registrar digitalmente los contratos y establecer sanciones para propietarios e inquilinos que incumplan determinadas obligaciones.
La propuesta cobra relevancia en una ciudad donde encontrar una vivienda que se ajuste al presupuesto se ha convertido en un desafío para miles de personas. Entre sus medidas más llamativas está una multa de hasta $46,924 por incrementar la renta por encima de la inflación, además de disposiciones para evitar la discriminación contra quienes buscan departamento y tienen hijos o animales de compañía.
Sin embargo, hay una precisión importante: la iniciativa todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. Por ahora, sus disposiciones son propuestas y no nuevas obligaciones vigentes.
¿Cómo funcionaría el tope a las rentas en CDMX?
Actualmente, desde agosto de 2024, el Código Civil capitalino establece que el incremento anual de la renta de una vivienda no puede superar la inflación del año anterior, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La nueva iniciativa busca reforzar esa disposición con una diferencia fundamental: el límite estaría vinculado al inmueble y no únicamente al contrato con una persona arrendataria. Esto significa que, si un inquilino deja una vivienda y llega alguien nuevo, el propietario no podría aprovechar el cambio para elevar el precio por encima de la inflación permitida.
El proyecto contempla una excepción para los casos en que el dueño realice mejoras sustanciales en la vivienda. En esas circunstancias, podría solicitar autorización a las autoridades para incrementar la renta por encima del límite general.
La intención es impedir que la renovación de un contrato o la llegada de un nuevo inquilino se conviertan en mecanismos para esquivar la regulación de los aumentos.
Multas de hasta $46,924 por subir demasiado la renta
La iniciativa propone sanciones económicas para quienes incumplan las nuevas disposiciones. Los montos están calculados con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Estas son algunas de las multas contempladas:
| Incumplimiento | Multa propuesta |
|---|---|
| Aumentar la renta por encima de la inflación permitida | De $11,731 a $46,924 |
| No entregar una copia del contrato al inquilino | De $2,932.75 a $5,865.50 |
| No registrar digitalmente el contrato | De una a tres veces el valor de la renta mensual |
| Usar la vivienda para fines distintos a los habitacionales | De $5,865.50 a $11,731 |
| Modificar el inmueble sin autorización del propietario | De $5,865.50 a $23,462 |
Las sanciones más elevadas para los propietarios se aplicarían cuando, al renovar un contrato, establezcan una renta superior al incremento permitido. En ese supuesto, la propuesta contempla una multa de 100 a 400 UMA, equivalente a un máximo de $46,924 con los valores utilizados en la iniciativa.
El proyecto también establece obligaciones para los arrendatarios. Por ejemplo, realizar modificaciones sin consentimiento del propietario podría generar una sanción de hasta $23,462, de acuerdo con los supuestos previstos en el documento.
Los contratos de renta tendrían que registrarse digitalmente
Otro de los cambios relevantes es la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional, que estaría a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
La responsabilidad de realizar el trámite recaería en los propietarios, quienes tendrían que proporcionar información como los nombres de las personas involucradas, la ubicación y superficie del inmueble, el monto del depósito, la duración del contrato y el tipo de garantía acordada.
Además, el arrendador tendría que entregar al inquilino una copia del contrato y, dentro de los 30 días posteriores al registro, un comprobante que acredite que el trámite se realizó.
La medida busca dar mayor certeza a ambas partes y facilitar la supervisión de los acuerdos de arrendamiento. No registrar el contrato podría generar una multa calculada a partir del monto mensual pactado.
Niños y mascotas no serían motivo para negar una renta
La propuesta también busca combatir prácticas discriminatorias en el mercado inmobiliario. Su artículo 24 plantea que la convivencia con niñas, niños y animales de compañía no sea un obstáculo para ejercer los derechos de las personas arrendatarias.
El proyecto prohíbe, además, la discriminación por motivos como origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidad, condición social, situación migratoria, estado de salud, embarazo, religión, orientación sexual, identidad de género y estado civil.
En cuanto a las garantías, la iniciativa plantea que los propietarios puedan solicitar una sola garantía de cumplimiento, como un depósito, una fianza o un responsable solidario.
También propone que los arrendadores no cobren a los inquilinos los gastos de intermediación para elaborar el contrato, consultar historiales crediticios, verificar obligaciones fiscales o contratar pólizas jurídicas asociadas con la formalización del alquiler.
Una nueva defensoría para propietarios e inquilinos
La iniciativa contempla la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, destinada a orientar a las partes, proteger sus derechos y facilitar la resolución de conflictos.
Asimismo, propone establecer un Gabinete de Acompañamiento Social ante Despojos, con la intención de ofrecer atención ante situaciones relacionadas con la pérdida irregular de una vivienda.
El proyecto también plantea modificar los plazos mínimos de arrendamiento y promover contratos de mayor duración, así como establecer incentivos para propietarios que ofrezcan vivienda en renta asequible.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para atender el encarecimiento de la vivienda, reducir el desplazamiento de habitantes y favorecer el arraigo vecinal en la capital.
¿Cuándo entraría en vigor la nueva Ley de Relaciones Inquilinarias?
Al 20 de octubre de 2026, la iniciativa continúa en proceso legislativo. Después de su presentación, el Congreso capitalino anunció que las propuestas serían turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, con participación ciudadana antes de una eventual discusión y votación.
Si la ley se aprueba, el proyecto establece que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. A partir de entonces, la Jefatura de Gobierno tendría 90 días para expedir el reglamento y poner en marcha la nueva defensoría, mientras que las autoridades responsables tendrían que desarrollar los mecanismos administrativos correspondientes.
Por ahora, el tope a las rentas y las multas de hasta $46,924 forman parte de una propuesta que todavía debe superar el proceso legislativo. Su aprobación determinará cómo se aplicarán estas reglas y qué mecanismos tendrán propietarios e inquilinos para hacer valer sus derechos.
