Encontrar departamento en la Ciudad de México puede convertirse en una carrera de obstáculos, especialmente para quienes comparten su hogar con un perro o un gato. Entre los precios elevados, los requisitos para firmar un contrato y las restricciones impuestas por algunos propietarios, rentar una vivienda con animales de compañía podría ser más complicado de lo que parece. Una nueva iniciativa del Gobierno capitalino busca cambiar parte de ese panorama.
El proyecto de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone reconocer el derecho de las personas a vivir con niñas, niños y animales de compañía, además de establecer nuevas reglas para los contratos de arrendamiento. La iniciativa fue enviada al Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2026 y todavía debe discutirse y aprobarse para convertirse en ley.
Vivir con mascotas no debería ser un impedimento
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta aparece en el artículo 24, que establece que la convivencia con infancias y animales de compañía no deberá representar un obstáculo para ejercer los derechos de las partes involucradas en un contrato de arrendamiento.
La intención es combatir las prácticas discriminatorias que dificultan el acceso a una vivienda para quienes tienen mascotas. Bajo este planteamiento, la presencia de un animal de compañía no debería convertirse por sí misma en una barrera para rentar.
La medida forma parte de una propuesta más amplia que busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, con reglas claras para ambas partes. Esto no elimina las responsabilidades de quienes tienen animales, pues deberán cumplir con las condiciones legales del arrendamiento y procurar el cuidado adecuado del inmueble.
Menos requisitos para rentar una vivienda
Otro de los cambios planteados busca reducir las barreras económicas que enfrentan quienes buscan departamento. Actualmente, algunos propietarios solicitan varios mecanismos de respaldo, como depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario, lo que puede complicar el acceso a una vivienda.
La iniciativa propone limitar a una garantía de cumplimiento los requisitos exigibles para formalizar el arrendamiento, además del tratamiento que corresponde al depósito conforme a las disposiciones aplicables. También plantea que los propietarios asuman determinados gastos relacionados con la formalización del contrato, en lugar de trasladarlos a los inquilinos.
La intención es facilitar el acceso a una vivienda sin eliminar la protección del patrimonio de los arrendadores. A cambio, quienes renten deberán pagar puntualmente, conservar el inmueble y respetar el uso habitacional acordado, además de solicitar autorización para realizar modificaciones estructurales.
Contratos digitales y nuevas obligaciones
La propuesta también contempla un registro digital obligatorio de los contratos de arrendamiento habitacional, administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
El sistema incluiría información como los nombres de las personas involucradas, la ubicación y superficie del inmueble, el monto del depósito, la duración del contrato y la garantía acordada. Los arrendadores tendrían que registrar los documentos y entregar una copia a los inquilinos, junto con la constancia correspondiente dentro de los plazos establecidos.
Además, el proyecto plantea contratos con una duración mínima de un año y mecanismos para hacer cumplir el límite a los incrementos anuales de renta, que no deberían superar la inflación del año anterior, conforme a las reglas propuestas.
Asesoría gratuita y protección ante desalojos
Entre las medidas adicionales destaca la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería orientación, mediación y asesoría jurídica gratuita tanto a propietarios como a inquilinos.
También se propone establecer un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, encargado de coordinar apoyos para las familias que enfrenten procedimientos de desocupación, respetando las resoluciones judiciales y los derechos humanos.
El contexto ayuda a entender el alcance de la reforma: de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno capitalino, alrededor de dos millones de personas viven en viviendas rentadas en la CDMX, donde existen más de 813 mil viviendas destinadas al alquiler.
¿Cuándo entrarían en vigor los cambios?
Por ahora, las nuevas protecciones para inquilinos con mascotas todavía no son una disposición aprobada. La iniciativa se encuentra en manos del Congreso capitalino, donde deberá discutirse y, en su caso, aprobarse antes de su publicación oficial.
Si el proyecto prospera, la reforma podría modificar la manera en que se celebran los contratos de renta en la ciudad, al establecer nuevas obligaciones para propietarios y arrendatarios, simplificar requisitos y reforzar la protección contra prácticas discriminatorias.
Para quienes buscan hogar junto a sus animales de compañía, la propuesta abre una conversación importante sobre el derecho a la vivienda y la posibilidad de construir una vida estable en la ciudad sin tener que elegir entre un techo y sus mascotas.
