Una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México propone blindar constitucionalmente a Xochimilco para frenar su deterioro y garantizar su conservación como patrimonio mundial.
Xochimilco vuelve a estar en el centro del debate legislativo. Una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca elevar a rango constitucional la protección de esta zona, reconocida desde 1987 como patrimonio mundial por la Unesco junto con el Centro Histórico de la capital. La propuesta responde a un diagnóstico que muchos capitalinos ya conocen de memoria: deterioro ambiental, presión urbana y transformación acelerada de uno de los últimos vestigios de paisaje lacustre y chinampero de la cuenca de México.
La iniciativa fue presentada por la diputada Erika Rosales Medina, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), durante la última sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el miércoles 26 de agosto de 2026. La Mesa Directiva dio a conocer formalmente el documento, que ahora deberá seguir su proceso legislativo antes de convertirse en reforma.
Qué propone exactamente la reforma
El corazón de la iniciativa es técnico pero contundente: adicionar dos párrafos al Numeral 2 del Apartado B del Artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Con ello se busca establecer disposiciones específicas para la protección, conservación y gestión integral de Xochimilco como patrimonio mundial, algo que hoy no existe de forma explícita en el texto constitucional local.
En su propio documento, la legisladora explica el vacío que intenta cerrar: para Xochimilco existe protección constitucional general, legislación especializada y estructuras administrativas relacionadas con su conservación, pero no una autoridad especializada cuya permanencia esté garantizada directamente por la Constitución. Esa asimetría institucional, dice, es precisamente lo que la reforma busca corregir.
El reconocimiento internacional no es suficiente
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que ser patrimonio mundial no garantiza, por sí solo, la protección real de un territorio. Xochimilco cuenta con ese reconocimiento desde hace casi cuatro décadas, pero su conservación efectiva depende de algo mucho más terrenal: políticas públicas, presupuesto y mecanismos de vigilancia que funcionen de manera continua, no solo en momentos de crisis mediática.
La diputada advierte que la presión urbana, el deterioro ambiental y la transformación de los espacios tradicionales representan retos serios para el futuro de la zona. No se trata únicamente del icónico paisaje de trajineras y chinampas, sino de un ecosistema completo que incluye canales, zonas de cultivo ancestral y una biodiversidad que ha ido perdiendo terreno frente a la mancha urbana.
Una responsabilidad permanente, no acciones aisladas
Quizás el punto más relevante de la iniciativa es su intención de cambio de fondo: que la protección de Xochimilco deje de depender de programas temporales o esfuerzos aislados y se convierta en una responsabilidad permanente de las autoridades capitalinas, respaldada directamente por la Constitución.
Esto significaría, en la práctica, que cualquier gobierno futuro tendría la obligación constitucional de mantener estructuras de protección para Xochimilco, sin importar cambios de administración o de prioridades políticas. Es un salto de la lógica de gestión coyuntural hacia una de garantía institucional de largo plazo.
Qué sigue para la iniciativa
Por ahora, la propuesta fue dada a conocer ante el Congreso de la Ciudad de México y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, que incluye análisis en comisiones y, eventualmente, votación en el pleno. No se ha establecido todavía una fecha para su discusión de fondo, pero su sola presentación reabre una conversación urgente sobre el futuro de uno de los territorios más simbólicos de la capital mexicana.
Para Xochimilco, un lugar donde conviven la tradición chinampera, el turismo y una biodiversidad única en el mundo, esta iniciativa podría representar el primer paso hacia una protección real y duradera, más allá del título honorífico que ya ostenta ante el mundo.
