Ruta de las Culturas Mayas, la carretera Palenque San Cristóbal enfrenta el rechazo de comunidades indígenas.
La construcción de una nueva carretera entre Palenque y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, volvió a encender las alertas de organizaciones ambientales y comunidades indígenas. El proyecto, conocido como Ruta de las Culturas Mayas, busca mejorar la conexión entre distintas regiones del estado, pero enfrenta una fuerte oposición por los posibles daños a la selva, los manantiales y los territorios de los pueblos originarios. El conflicto se intensificó con la reanudación de las obras en junio de 2025 y las denuncias de afectaciones ambientales y presuntas irregularidades en los procesos de consulta.
El 30 de septiembre de 2026, Greenpeace México y más de un centenar de organizaciones ambientales y de derechos humanos exigieron detener el avance de la autopista e investigar las afectaciones denunciadas. La disputa plantea una pregunta fundamental para el futuro de Chiapas: ¿cómo impulsar la conectividad y el turismo sin comprometer los ecosistemas ni los derechos de las comunidades que habitan estos territorios?
Una carretera que lleva más de una década en disputa
La historia del proyecto se remonta a 2014, cuando se planteó la construcción de una vía de alta velocidad para conectar Palenque con San Cristóbal de las Casas. Desde entonces, numerosas comunidades indígenas manifestaron su rechazo ante las consecuencias que la obra podría tener sobre sus tierras, sus recursos naturales y sus formas de vida.
En 2016, un amparo detuvo los trabajos en un tramo que afectaba a comunidades de San Cristóbal de las Casas y Huixtán. Sin embargo, el proyecto volvió a tomar impulso años después. El 8 de junio de 2025, el gobierno de Chiapas anunció el inicio de una nueva etapa de construcción, presentada como una apuesta por la movilidad, el turismo cultural y el desarrollo económico regional.
La ruta contempla atravesar territorios donde habitan comunidades choles, tseltales y tsotsiles, cuyos vínculos con la tierra y el agua forman parte de su vida cotidiana y su identidad cultural. Para las organizaciones opositoras, el nombre de la carretera contrasta con el riesgo de afectar precisamente el patrimonio natural y comunitario que da sentido a la región.
Manantiales, selvas y parcelas bajo amenaza
Entre las principales preocupaciones se encuentran los posibles daños a miles de hectáreas de selva y bosque, así como a manantiales, terrenos agrícolas y otras fuentes de agua indispensables para las familias de la zona.
En comunidades de Chilón, habitantes han denunciado afectaciones a manantiales y parcelas familiares relacionadas con los trabajos de construcción. También se han señalado presuntos ingresos sin autorización a terrenos particulares y sobrevuelos de drones en zonas donde existen personas organizadas contra la carretera.
Las organizaciones advierten que estas afectaciones podrían repercutir en los ecosistemas y en actividades esenciales como la agricultura. En territorios donde el agua sostiene tanto los cultivos como el consumo doméstico, el deterioro de un manantial puede convertirse en un problema que rebasa los límites de una obra de infraestructura.
Las comunidades cuestionan las consultas
El conflicto también involucra el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectan sus territorios. Mujeres de comunidades tseltales denunciaron haber quedado fuera de algunas asambleas relacionadas con el proyecto y señalaron que en determinadas reuniones participaron personas ajenas a las localidades afectadas.
Ante estos señalamientos, las organizaciones exigieron que se aclare cómo se realizaron las consultas, quiénes participaron y qué información recibieron las comunidades antes de que avanzaran los trabajos.
El rechazo se hizo visible nuevamente el 9 de agosto de 2026, cuando más de 4 mil personas de 600 comunidades indígenas participaron en una peregrinación para defender sus territorios y expresar su oposición a la carretera.
Para los colectivos, el problema no se limita al impacto ambiental. También implica garantizar que las decisiones sobre el territorio respeten los derechos de quienes lo habitan y que las voces de las comunidades, incluidas las de las mujeres, tengan un lugar efectivo en el proceso.
Greenpeace y más de 100 organizaciones exigen detener las obras
El 28 de septiembre de 2026, más de 100 organizaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos demandaron la suspensión de la construcción y el fin del presunto hostigamiento contra las personas defensoras del territorio.
Entre sus exigencias se encuentra que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccione las zonas señaladas e investigue los daños denunciados. También solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer públicas las evaluaciones ambientales, las autorizaciones y las medidas previstas para proteger los ecosistemas.
Las organizaciones pidieron al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, atender las denuncias de intimidación y garantizar la seguridad de quienes defienden sus tierras. Asimismo, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum detener el avance de la carretera y abrir un diálogo directo con las comunidades afectadas.
El desarrollo también debe escuchar al territorio
La Ruta de las Culturas Mayas representa una de las discusiones más complejas sobre infraestructura en Chiapas: la posibilidad de mejorar los traslados y dinamizar la economía regional frente a los costos ambientales y sociales que, según sus detractores, podría generar la obra.
El gobierno estatal ha defendido la carretera por sus beneficios para la conectividad, el turismo y la actividad económica. Las organizaciones opositoras, por su parte, sostienen que ningún proyecto de desarrollo debería avanzar sin evaluar sus consecuencias ambientales ni garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
La exigencia de Greenpeace y los colectivos abre un debate que va más allá de una carretera. En una región donde la selva, los manantiales y las comunidades mantienen una relación estrecha, el futuro de la infraestructura también depende de la transparencia, la evaluación de los daños y la participación de quienes viven ahí. La pregunta pendiente es si las autoridades atenderán las denuncias y abrirán un diálogo capaz de poner en el centro tanto el bienestar de las comunidades como la conservación del territorio.
